El colapso en la movilidad sobre la Vía Panamericana, especialmente entre Pasto y Popayán, volvió a evidenciar lo que para muchos ya es una sentencia estructural: el abandono histórico del sur del país por parte del Estado colombiano.
Desde este miércoles, camioneros mantienen bloqueado el peaje de Cano, en el municipio de Chachaguí (Nariño), en señal de protesta contra la falta de ejecución de un contrato por más de $5.000 millones de pesos adjudicado para el mantenimiento de esta arteria nacional, clave para el comercio y la conectividad del suroccidente colombiano.
🚨 «Una burla a los pastusos y nariñenses»
Los transportadores califican de “burla” la actuación del contratista asignado por el INVIAS, señalando que no se ha iniciado ninguna intervención real sobre una vía que, además de ser peligrosa por su deterioro, representa una trampa mortal por la falta de señalización, bacheo y atención constante.
A esta denuncia se suma la queja generalizada de múltiples sectores económicos que afirman que los constantes bloqueos por causas justas —como esta— terminan afectando de manera crítica el comercio, la distribución de alimentos, el abastecimiento y el turismo, agravando aún más la situación de pobreza y desempleo que enfrenta el departamento de Nariño.
📉 Un bloqueo con fondo legítimo, pero consecuencias profundas
Mientras el tránsito está detenido y miles de toneladas de carga quedan represadas, las pérdidas económicas aumentan cada hora. Sin embargo, la causa de fondo es más profunda y sistemática: la falta de voluntad política y administrativa para garantizar una vía digna, segura y funcional para el sur de Colombia.
Los transportadores han sido claros: no levantarán el bloqueo hasta que se active, con maquinaria y cronograma visible, el contrato que promete intervenir esta vía “olvidada por todos los gobiernos anteriores… y también por este”.
La situación exige una respuesta inmediata del Gobierno nacional, no solo para solucionar el impasse actual, sino para revisar las responsabilidades legales y contractuales del INVIAS y del contratista en la ejecución de recursos públicos.
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